¿Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE VIVIMOS CON MIEDO? ¡OTRO NIÑO VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA!
Notas y Más | Editorial
Otro hecho sangriento enluta a una comunidad costarricense. Esta vez, Llanos de Santa Lucía, en Cartago, donde la vida de un niño, que apenas comenzaba a descubrir el mundo, fue apagada por el impacto de una o varias balas.
Un niño que tenía sueños, ilusiones, deseos de crecer y disfrutar de su infancia. Un pequeño que, según algunas versiones, había salido a comprar pan para compartir un cafecito en familia; mientras otras versiones señalan que disfrutaba de su bicicleta. Dos relatos distintos, pero una misma y dolorosa realidad: un niño inocente perdió la vida en medio de la violencia que golpea nuestras comunidades.
¡Qué dolor para una familia! ¡Qué tragedia para una comunidad! Y qué frustración para una sociedad que observa cómo la delincuencia parece ganar cada vez más terreno.
Pero hay algo todavía más preocupante: las informaciones que señalan que personas presuntamente vinculadas con este hecho ya habían sido presentadas reiteradamente ante el Ministerio Público. Si esto se confirma, tenemos que preguntarnos qué está sucediendo con los mecanismos de investigación, acusación, juzgamiento y aplicación de la justicia en nuestro país.
¿Dónde están las fallas? ¿En las investigaciones? ¿En la presentación de las pruebas? ¿En las decisiones judiciales? ¿Qué está pasando para que personas señaladas reiteradamente por hechos delictivos vuelvan a las calles y nuestras comunidades terminen viviendo con temor?
No se trata de condenar sin pruebas ni de desconocer el debido proceso. Se trata de exigir que las instituciones cumplan con su responsabilidad y que las decisiones judiciales estén a la altura de la gravedad de los problemas que enfrenta Costa Rica.
También llama la atención el debate que se ha generado alrededor del Centro de Alta Contención del Sistema Penitenciario, conocido como CACCO, y las manifestaciones de preocupación de la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, por las condiciones y los derechos de las personas privadas de libertad.
Por supuesto que los derechos humanos deben respetarse, incluso cuando se trata de personas condenadas por delitos graves. Eso es parte de un Estado de derecho. Pero también debemos preguntarnos: ¿quién levanta la voz con la misma contundencia por los derechos de las víctimas? ¿Quién representa a las familias que perdieron a sus hijos? ¿Quién defiende a las comunidades que viven encerradas, temerosas de salir a la calle?
Los derechos humanos no pueden tener una sola dirección. También tienen derechos los niños que quieren jugar en sus barrios, las madres que desean ver regresar a sus hijos, los trabajadores que salen temprano de sus casas y las familias que merecen vivir tranquilas.
Y no podemos ignorar otras amenazas que están golpeando a nuestras comunidades, como las disputas territoriales por la venta de drogas, las organizaciones criminales y los préstamos conocidos como gota a gota, que generan intimidación, amenazas y temor entre muchas familias.
La violencia no se combate únicamente con más policías. Se necesita prevención, educación, oportunidades, recuperación de valores familiares, organización comunal y, sobre todo, una justicia que funcione.
Es momento de que las autoridades, las instituciones públicas y las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos pongan las barbas en remojo y miren también hacia las víctimas. Que escuchen a las comunidades. Que conozcan la realidad de las familias que ya no se sienten seguras ni siquiera frente a sus propias casas.
Porque hay una pregunta que Costa Rica no puede seguir evitando:
¿De qué nos sirve hablar de los derechos de quienes están privados de libertad si no somos capaces de garantizarles a nuestros niños el derecho fundamental de vivir y crecer sin miedo?
No podemos acostumbrarnos a que asesinen niños. No podemos normalizar que las balas formen parte del paisaje cotidiano de nuestros barrios. No podemos aceptar que las familias tengan que vivir como prisioneras dentro de sus propias viviendas mientras los delincuentes se disputan las calles.
El niño de Llanos de Santa Lucía no debería ser una estadística más. Su muerte debe obligarnos a reflexionar, exigir respuestas y reclamar acciones concretas.
¡Los derechos humanos también pertenecen a las víctimas! ¡La seguridad también es un derecho y la infancia merece ser protegida!
Costa Rica necesita recuperar la tranquilidad de sus comunidades. Porque ningún niño debería perder la vida por la violencia que los adultos y las instituciones no han sabido detener.
