¿Y DÓNDE ESTABAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS?
Por: Gerardo Vindas Retana | Notas y Más
Con la apertura del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Costa Rica, hemos escuchado diferentes manifestaciones de familiares, padres, madres, hermanos y allegados de personas privadas de libertad, reclamando lo que consideran una violación a sus derechos humanos.
Y aquí es donde nace una reflexión que merece nuestra atención como sociedad.
¿Dónde estaban los derechos humanos de los niños, niñas, mujeres y familias que fueron víctimas de asesinatos, violaciones, agresiones y otros delitos graves? ¿Dónde estaban sus derechos cuando alguien decidió arrebatarles la vida, la tranquilidad, la dignidad o la posibilidad de seguir adelante?
Por supuesto que todas las personas tenemos derechos. Incluso quienes han sido condenados por delitos graves conservan sus derechos fundamentales. El Estado tiene la obligación de garantizar que se respeten, porque la justicia no puede convertirse en maltrato ni en venganza.
Pero tampoco podemos olvidar a las víctimas. Sus familias también tienen derechos, también sufren, también lloran y, en muchos casos, deben aprender a vivir con heridas que jamás terminan de cerrar.
Y hay otra responsabilidad de la que poco hablamos: la responsabilidad de la familia en la formación de los hijos.
¿Nos hemos preguntado qué hicimos como padres, madres o responsables durante la niñez y adolescencia de nuestros hijos? ¿Les enseñamos valores, respeto, solidaridad, límites y responsabilidad? ¿Les preparamos para convivir en sociedad? ¿Les enseñamos que la libertad también implica respetar la vida y los derechos de los demás?
Es cierto que no todos los delincuentes provienen de hogares disfuncionales, ni podemos responsabilizar automáticamente a los padres por los delitos que cometen sus hijos adultos. Cada persona debe responder por sus propias decisiones. Sin embargo, la formación familiar, la educación y los valores son pilares fundamentales en la prevención de la violencia.
No podemos exigirle al Estado que resuelva, por sí solo, aquello que también corresponde construir desde nuestros hogares y comunidades.
Si hoy tenemos personas condenadas por delitos atroces, debemos preguntarnos qué está haciendo nuestra sociedad para evitar que las nuevas generaciones sigan ese camino.
Los derechos humanos no pueden convertirse en una bandera que solamente levantamos cuando nos afecta una situación particular. Debemos defenderlos siempre, pero sin olvidar que las víctimas también merecen justicia, protección, dignidad y respeto.
Respetar los derechos de una persona privada de libertad no significa justificar sus delitos, así como exigir justicia para las víctimas no significa promover el maltrato de quienes cumplen una condena.
Costa Rica necesita una sociedad que comprenda que la seguridad, la justicia, la prevención y la formación en valores deben caminar juntas.
Porque los derechos humanos son para todos, pero también debe existir responsabilidad por nuestros actos.
Y quizás la pregunta que todos deberíamos hacernos es esta:
¿Estamos formando hijos para vivir en sociedad o estamos dejando que la sociedad tenga que hacerse cargo de las consecuencias de nuestra falta de formación?
Una reflexión que no podemos seguir evadiendo.
