EL TRANSPORTE PÚBLICO Y EL COSTO DE UN BENEFICIO QUE TODOS DEBEMOS COMPRENDER
Editorial | Notas y Más
En Costa Rica existe una realidad del transporte público que muchas veces pasa desapercibida para los ciudadanos: el beneficio tarifario que reciben las personas adultas mayores de 65 años.
Es un derecho establecido por ley y que, sin duda alguna, debemos respetar y proteger. Sin embargo, también es importante que conozcamos cómo funciona su financiamiento.
En nuestro país, el costo de las exoneraciones de los adultos mayores se incorpora a la estructura tarifaria que pagan los demás usuarios. Es decir, no estamos hablando de un subsidio que el Gobierno, mediante el presupuesto nacional, le gira directamente a cada empresa autobusera para cubrir la totalidad de esos viajes. El costo asociado a ese beneficio se cubre mediante las tarifas que pagan los demás pasajeros.
Ahora bien, pongamos sobre la mesa otra realidad: nuestra población adulta mayor va creciendo y, con ello, también aumenta la cantidad de personas que hacen uso de este beneficio. Esto representa un elemento que debe analizarse dentro de la economía del transporte público.
Las empresas autobuseras tienen que enfrentar una enorme cantidad de obligaciones y gastos operativos: salarios, cargas sociales, seguros, marchamos, revisiones técnicas, mantenimiento de unidades, combustibles, cánones y otras responsabilidades propias de la actividad.
A esto debemos agregarle las dificultades económicas que enfrenta actualmente el sector, así como los cambios en los hábitos de movilidad de la población y la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente el servicio.
¿Significa esto que debemos justificar un mal servicio? ¡Por supuesto que no!
Los ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir autobuses en buenas condiciones, cumplimiento de horarios, choferes respetuosos, seguridad, accesibilidad y un servicio de calidad.
Las empresas que reciben una concesión pública también tienen obligaciones que deben cumplir.
Pero hay algo que debemos aprender como sociedad: antes de criticar, condenar o juzgar, también debemos conocer las diferentes variables que intervienen en una actividad económica.
No podemos exigir que las empresas mantengan un servicio eficiente sin comprender los costos que implica prestarlo. De la misma manera, tampoco podemos permitir que las dificultades económicas se conviertan en una excusa para desatender a los usuarios.
El transporte público es una necesidad para miles de costarricenses, especialmente para quienes dependen del autobús para trabajar, estudiar, acudir a citas médicas o realizar sus actividades cotidianas.
Por eso, considero que este tema merece una discusión seria, responsable y sin prejuicios. Debemos analizar si el modelo actual de financiamiento de los beneficios tarifarios es sostenible a largo plazo y si corresponde revisar alternativas que permitan proteger a las personas adultas mayores sin comprometer la estabilidad del servicio.
La solidaridad con nuestros adultos mayores no debe desaparecer, pero tampoco podemos ignorar la realidad económica del transporte público.
Exigir calidad es un derecho. Comprender los costos y buscar soluciones también es una responsabilidad ciudadana.
Porque al final, si el transporte público se deteriora o desaparece en determinadas comunidades, los más perjudicados seremos todos.
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